Responden representantes legales de EPB, a las acusaciones en torno a la Auditoría Forense

Redacción.- Como abogados representantes de diversos ex  funcionarios de la anterior administración municipal de La Paz, la firma Guinto Sierra Abogados S.C.,  nos permitimos dirigirnos a la opinión pública con el objeto de dejar constancia de lo que consideramos legal y políticamente como una infamia.  Un acto de ruindad política cuyo único fin es tender cortinas de humo a la ineficacia administrativa que ha sido tónica en diversos momentos y en diversas administraciones no solo la local.

El acto jurídico del que hemos tenido conocimiento lo consideramos en este  momento una violación flagrante a los principios de legalidad y de justicia que debe imperar en el actuardela autoridad. No es permisible que una acción legal inicie con un acto ilegal.

Las acusaciones, basadas en un punto de acuerdo que no tiene un sustento son una injusticia que lejos de transparentar el ejercicio de gobierno lo oscurecen y hacen propicio para canalladas.

El respeto al Estado de Derecho y la presunción de inocencia, deben prevalecer por encima de cualquier interés personal y político. Antes de proclamar responsabilidades debe el gobierno municipal conducirse apegado a las leyes y no a las pretensiones de lesionar la imagen y prestigio de las personas.

En esta fecha donde circula en los medios de comunicación y redes sociales la aseveración de irregularidades, no tenemos ni siquiera la certeza de que exista una auditoria.  No tiene nadie, la seguridad  de que en sendas cajas que colocaron como ornamento en la sala de cabildo contengan realmente una auditoria forense en la extensión de su concepto; por el contrario el punto de acuerdo sostiene que fue la contralora quien ejecuto la instrucción de auditar.

La ley de transparencia obliga a la autoridad a hacer pública una auditoria que ha culminado tal y como lo consigna el artículo séptimo fracción XI.  Si la Administración Pública Municipal  no es transparente con sus propios ediles nos permite vislumbrar estos hechos como el inicio de una persecución con tintes políticos cuyo único objetivo es deteriorar el prestigio de vida de quienes se encuentran afectos a este evento.

No solo le ocultan al cuerpo de regidores los documentos finales de auditoria, sino a la opinión pública de la que dicen estar preocupados en una postura de transparencia de discurso.

Un documento que sólo incluye una síntesis presentada por el alcalde sin el soporte, debió ser insuficiente para que el Ayuntamiento en pleno autorizara el inicio de acciones legales.    El oscurantismo con que se condujo la administración municipal para mediatizar el desprestigio que implica una acusación, es un indicativo de que algo turbio se oculta.

La opacidad del punto de acuerdo que consigna una autorización para emprender acciones legales, sin tener a la vista el resultado de una auditoria forense, que da origen al mismo,  vicia de inicio lo que hemos considerado una infamia y acto de desprestigio con fines políticos.

El perfil de un auditor forense debe ser de una persona con experiencia, un profesional cuya principal característica  debe ser la independencia al proceso, que no revista el carácter de persona involucrada. Debe tener la competencia y preparación de un experto puesto que con base a su opinión se tomaran decisiones, lo que implica que su informe debe tener validez y veracidad para efectos legales.

Sin soslayar el hecho de validez interna de los actos y trabajos de su Contralora, lo cierto es que jerárquicamente responde a su empleador, a su superior jerárquico, hecho que la aparta de los estándares de una auditoria forense.

Hemos observado el desarrollo de la sesión en la que se ha presentado incluso al  pleno del Ayuntamiento irregularidades menospreciadas por el cabildo y contenidas en el mencionado punto de acuerdo que distan de la realidad y en la cual nos presentan una realidad exacerbada, inflada tan solo en un rubro por el orden de los 35 millones de pesos.  Y como abogados nos preguntamos; ¿acaso no tiene matices de persecución política? el linchamiento mediático a cada uno de los ciudadanos hoy señalados nos otorga una respuesta.

Partiendo de lo anterior habremos de iniciar las acciones legales que se consideren pertinentes,  haciendo valer la ley y la obligación de respeto al principio de legalidad.