LA LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

 

Recientemente se acaba de aprobar la Ley de Asociaciones Público Privadas por el congreso del estado de B.C.S., donde curiosamente por ignorancia o bien por falta de oficio político, no fue consultada previamente con los sectores empresariales y la sociedad en general, levantando de tal suerte una serie de especulaciones que en lugar de beneficiar al desarrollo económico de nuestra entidad, han provocando incertidumbre y preocupación.

Nuestros legisladores locales, han de haber puesto mucho empeño, ya que incluso al revisarla me topé con una serie de copia y pega de otras leyes de nuestro país, donde incluso en algunos párrafos no tuvieron ni siquiera el detalle de tomar precauciones y aparecen espacios en blanco tipo machote para poner información, uff y re uffff. Pero bueno, entremos al tema, donde intentare darle a usted respetable lector una serie de consideraciones al respecto.

Una APP es una alternativa para la provisión y financiamiento de infraestructura pública, que a nuestro estado le hacía mucha falta, donde se trabaja desde el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las infraestructuras donde se decida invertir, infraestructuras que pueden ser de índole económico, las cuales son destinadas a promover y facilitar la producción de bienes y servicios de los sectores productivos, por ejemplo comunicaciones y trasportes, sistemas de generación de energía eléctrica, centros turísticos, etc., o bien de tipo social, destinados a promover la calidad de vida de las personas, como educación y cultura, ciencia y tecnología, urbanización e imagen urbana, agua, alcantarillado, saneamiento, manejo de residuos sólidos, etc, y por ultimo de infraestructuras de tipo gubernamental, las cuales están destinadas a llevar a cabo funciones de gobierno, como en aspectos de seguridad pública, procuración de justicia, legislación etc.

Conforme a lo anterior las APP´s, vienen a ser un concepto genérico y no un tipo de contrato, donde se da una relación entre sector público y el sector privado, donde el gobierno es quien contrata y el sector privado es el inversionista desarrollador, situación altamente conveniente para ambas  partes, ya que por un lado el gobierno por medio de este modelo logra que la inversión privada financie total o parcialmente, construya y/o equipe, opere, mantenga y conserve, por un tiempo determinado a largo plazo, un proyecto de infraestructura, obteniendo por tanto, un rendimiento de su capital invertido.

De ahí entonces la APP, integra un solo proyecto de largo plazo en paquete, que puede darse a través de diferentes instrumentos jurídicos, como la concesión, el contrato de prestación de servicios, el contrato de construcción, de arrendamiento, de transferencia, etc.

Por su parte, las fases de construcción de un proyecto pueden implicar, la creación de una nueva infraestructura, la renovación o mejora de una existente, donde su inversión inicial puede estar al 100% a cargo del inversionista desarrollador, o puede ser cofinanciada por el ente público a fin de hacer financieramente viable el proyecto, donde los plazos deben ser lo suficientemente extensos para permitir el pago del dinero invertido y sus respectivos rendimientos, bajo una serie de cláusulas que prevean riesgos que podrían suceder para ambas partes, además de que dependiendo de los ingresos que se den en la etapa de operación, podrán aplicarse cuotas o tarifas a los usuarios, pagos de gobierno o bien la combinación de ambos.

De tal suerte y en atención a los explicado anteriormente, es importante aclarar a quienes se oponen a ella, que existe una gran diferencia entre una APP y una privatización, y fíjese usted porque: La privatización implica la transferencia de la propiedad de un activo público al sector privado, mientras que la APP, implica una relación contractual de los dos sectores, donde el activo puede ser propiedad privada y permanecer o no como tal.

Así entonces, en una APP contractual, el agente contratista vela por sus propios intereses y por lo tanto reduce sus costos y mejora la calidad de operación y servicio, donde sabemos que si el gobierno lo hiciera en forma directa, tan solo incrementaría la nómina y haría todo obeso e improductivo.

Por otro lado en una APP institucional, su relación es la participación accionaria en una entidad encargada de la gestión de infraestructura, donde su desventaja contra la APP contractual, es la de propiciar menos competencia y no incentivar al sector privado a ser más eficiente.

De esa forma las APP´s contractuales, donde se diseña, construye, financia y opera, se da hasta su transferencia o reversión como dije anteriormente a  largo plazo, en donde en específico en la operación, que incluye mantenimiento y conservación, se asume que el ente privado financia en menor o mayor grado la inversión inicial, donde el financiamiento del ente privado para la inversión inicial puede ser una mezcla de capital propio y deuda, donde los ingresos del proyecto en operación proceden en su totalidad o mayoría del ente púbico, es decir, de financiamiento público, por su disponibilidad y/o uso de la infraestructura, donde los pagos, o dicho de otra forma, su retribución el ente público al privado, están ligados en todo o en partes a la disponibilidad, cantidad y calidad de los servicios efectivamente prestados bajo los términos del contrato.

De tal forma el ente privado, aplica varias fases, por un lado mejora la construcción de infraestructura tanto existente como nueva, donde la  operación permite mejorarla, hasta que llegue el momento de su transferencia o reversión al vencimiento de la concesión al ente público, implicando la viabilidad del proyecto, reduciendo el riesgo comercial transferido al ente privado, ya que al existir una demanda desconocida, permite mayor certidumbre en los ingresos por cuotas o tarifas, dicho de otra forma, a mayor rentabilidad financiera del proyecto se acorta la recuperación de la inversión, dada la inversión marginal del activo existente en operación.

Por lo tanto se puede concluir que las APP´s son un mecanismo importante para generar inversión en infraestructura y propician el desarrollo económico, ya que el sector gobierno no tiene ni los recursos y especialización para hacerlo eficientemente, ni en su inversión inicial y menos si logra ésta última, su operación adecuada para que sea ese proyecto realmente viable.

Como podrá usted intuir, este tema da para escribir un número importante de cuartillas, el meollo del asunto es que sin duda existe una buena intención el ejecutivo estatal para que se dé el debido y requerido desarrollo económico tan olvidado de la entidad, la pregunta es, ¿está bien hecha o simplemente es otro acto mediocre para salir del paso?. La respuesta se verá en el tiempo y aplicación, porque no dejo de preguntarme, ¿tendrían la capacidad para entenderlo y resolverlo con profesionalismo y buscando el desarrollo económico y social nuestros legisladores locales?, ¿o fueron nuevamente títeres de intereses políticos que sin conocer la realidad y los fundamentos de las APP´s, levantaron el dedo sin analizarlo a fondo?.

Por bien de todos y cada uno de nosotros que vivimos en esta hermosa tierra sudcaliforniana, espero que de buenos resultados, en caso contrario, el tiempo y la sociedad sudcaliforniana los juzgara en su debida medida. Sin embargo, y como siempre, la mejor opinión es la de usted.