LA CORRUPCIÓN COMO LASTRE DEL DESARROLLO ECONÓMICO

 

La corrupción es en definitiva es uno de los principales lastres del crecimiento económico de cualquier país, ya que este tipo de actividad no contribuye a la creación de empleos e infraestructura, lo que implica que este grave cáncer sea uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de cualquier nación, ya que se desvían recursos de actividades productivas, tanto del sector público como de la iniciativa privada, las cuales son generadoras de empleo y riqueza, hacía otras que no contribuyen en nada en el crecimiento económico.

 

Por desgracia en México su costo es muy elevado, es un flagelo enorme que daña a los ciudadanos y empresarios, donde todos hemos llegado al hartazgo por lidiar con éste tipo de prácticas que son tan comunes en la actualidad.

Si bien hay intentos para resolverlo, muchos de ellos quedan en esplendidos discursos, en buenas intenciones, pero sin efectos reales que la puedan resolver. Por ahora el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto promulgo una reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, mostrando por lo pronto, en el discurso, una posible solución a este flagelo.

Este Sistema cuenta con cinco puntos fundamentales: 1. Crea un Comité Coordinador con los sistemas estatales de combate a la corrupción; 2. Fortalece y amplía las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación; además, amplía de tres a siete años la prescripción de faltas administrativas graves, dotando a la justicia de un alcance transexenal; 3. Se crea el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que podrá sancionar a servidos públicos y ahora también a particulares; 4. El Senado de la República ratificará el nombramiento del titular de la Secretaría de la Función Pública; y 5. La reforma faculta al Congreso de la Unión para expedir, en un plazo máximo de un año, la ley general que establezca las bases de coordinación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.

Otro aspecto que contempla esta reforma, se refiere a los servidores públicos, los cuales deberán presentar obligatoriamente su declaración patrimonial y de conflicto de interés, siendo que si se da el caso, muy frecuente por cierto de enriquecimiento ilícito, se procederá a la extinción de dominio.

Es importante que ante lo extendido de la corrupción en México, es necesario resaltar la trascendencia de esta reforma, la cual todos esperamos siente sólidas bases para un desempeño más honrado por parte de los políticos y burócratas, y que además se permita constituir como un elemento fundamental para el crecimiento económico, liberando recursos de las empresas y del gobierno hacía actividades productivas en inversión e infraestructura.

A continuación estimado lector algunos datos al respecto. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), informan que de acuerdo al Semáforo Económico Nacional del 2014, la corrupción le costó al país sólo en ése año, unos 341 mil millones de pesos, los cuales representan el 2.0 por ciento del PIB, cifra elevada al considerar que este monto equivale a 15 por ciento de la inversión pública en México, dato alarmante, que sin duda  y por desgracia nos depara para éste 2016 los mismos resultados.

Por otro lado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indica que el 14 por ciento de los ingresos anuales promedio son dedicados por los hogares mexicanos a “pagos extraoficiales”; y de acuerdo a este organismo gubernamental, la corrupción es todavía peor para los más pobres, además de decirnos lo que todos ya sabemos, que existe una correlación directa entre la corrupción y los niveles de violencia, que son financiados por el crimen organizado.

Por lo que respecta a la Encuesta Nacional de Impacto y Calidad Gubernamental del INEGI, en nuestro país 40 por ciento de las empresas reconoció haber pagado algún tipo de soborno; y los encuestados respondieron que 75 por ciento de los pagos extraoficiales que hicieron como empresas se destinaron a agilizar trámites, obtener licencias y permisos.

A todo lo anterior habrá que aunarle el costo de la corrupción con respecto a la imagen que tiene México a nivel internacional, situación que inhibe la inversión extranjera directa. Lo anterior lo podemos ratificar por los datos arrojados por el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, la cual nos informa que entre 2008 y 2014, México cayó 31 posiciones en el ranking mundial, siendo más específicos, en nuestro continente, México se posiciono en el lugar 22 de 32 países; en tanto que en el G-20 ocupó la posición 17 de 19; además de colocarse en el último lugar dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

De ahí entonces como usted podrá observar, el impacto que provoca la corrupción trae consigo graves implicaciones, y fíjese usted, el Fondo Monetario Internacional (FMI), indica que en los países con mayor corrupción, el porcentaje de inversión puede ser menor hasta en 5.0 por ciento, además de que las empresas registran pérdidas en sus ingresos por ventas anuales en la misma proporción, y la productividad de éstas también se ve afectada cada vez que se incrementa la percepción de corrupción entre empresarios.

Por otro lado, de acuerdo con datos del Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional, 88 por ciento de los mexicanos piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente y la mitad de la población en México considera que ésta última, ha aumentado en los últimos años.

Debemos entonces preguntarnos ¿Por qué con los supuestos esfuerzos para combatir la corrupción ésta sigue aumentando?. La respuesta es simple: por la enorme, grandiosa y colosal impunidad que existe en nuestro país. Fíjese usted, se informa que sólo 2.0 por ciento de los delitos de corrupción son castigados en México, y en todas las ocasiones cuando hubo sanciones, éstas fueron para los mandos inferiores de gobierno y no para los altos jerarcas en el poder. Otro dato revelador por lo menos de la información que logre recabar, es que de las 444 denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) desde 1998 hasta 2012, sólo siete fueron consignadas, lo que representa apenas 1.5 por ciento.

De ahí entonces estimado lector, nuestro país no puede darse el lujo de seguir con este lastre, si queremos crecer a tasas más elevadas, ser más productivos y enserio crecer económicamente, debemos obligadamente tener una transmutación para eliminar la corrupción tanto en el sector público como privado, de lo contrario continuaremos con buenos discursos, y pocos resultados. Sin embargo, y como siempre, la mejor opinión es la de usted.