Pacto Fiscal

Pirotecnia Política: “Hablar de otro mundo distinto de éste carece de sentido, suponiendo que no nos domine un instinto de calumnia, de empequeñecimiento y de suspicacia contra la vida.” (Nietzsche)

Si para los incrédulos, críticos y escépticos del nuevo pacto fiscal en Baja California Sur, la medida como tal es una burda violación a la autonomía municipal y un acto de “gandallismo” del Gobierno Estatal; para las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Municipal, la situación no es más que una estrategia que les dejará beneficios a mediano y largo plazo, medalla que podrán colgarse como un mérito en sus gestiones y decisiones, de ahí lo terso que resultó ser su aprobación, fue en sí una gran negociación que también los compromete a todos, porque los inconformes en mayor o menor medida, estarán vigilantes de todo este ejercicio que se supone dará sus primeros resultados, cuando se apruebe el presupuesto de egresos de la Federación para el 2017 y se anuncie la meta a superar, que será la asignación para Baja California Sur (BCS) de ingresos por esta vía, superior a los 13 mil millones de pesos, cantidad que fue ejercida en este 2015 y que será similar en el 2016.

No es raro que los partidos políticos, ni sus actores principales en Baja California Sur, NO hablen al respecto, que no expresen su planteamiento en este sentido, al menos de manera mediática o por simple posicionamiento, tampoco que no exista una campaña de resistencia y todo tiene una razón, en el Congreso del Estado y en los cinco Ayuntamientos de BCS, las explicaciones convencieron a quienes tenían en la aprobación de esta reforma, mucho que ver; no hay que perder de vista que  también en los cabildos, hay representación política de todos los institutos y nadie dijo nada, excepto en Los Cabos, sin mayores consecuencias.

Los dos operadores centrales de esta medida, fueron directamente el Gobernador CARLOS MENDOZA DAVIS y el mismo Secretario de Finanzas ISIDRO JORDÁN MOYRON, quienes asumieron el papel de lidiar con esta negociación ante el Legislativo y ante los Alcaldes, pero también con ello, se adjudican toda la responsabilidad de hacer de esta política económica, una herramienta efectiva que permita al Gobierno del Estado, captar más de 219 millones de pesos anuales, lo que asentirá acceder a un mejor presupuesto y por ende, mejorar el indicador de participaciones Federales también para Mulegé, Loreto, Comondú, La Paz y Los Cabos.

La medida es clara, no viola ninguna autonomía Municipal, es decir no es anticonstitucional, de ahí que el interés supremo en este sentido, es dar resultados, de esos que la sociedad exige –incluso los mismos críticos de esta medida-, ya que se pretende, que con la ampliación del presupuesto, se respalden la políticas públicas que se sustentarán en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021, como son el impulso al empleo, la capacitación laboral, la infraestructura social, es decir la obra pública, la educación, la salud principalmente, seguridad y claro, el fomento a la inversión de la mano del desarrollo económico que se busca generar.

En la medida que este pacto fiscal comience a dar resultados, cuando su implementación sea una realidad y que el ciudadano lo note, al realizar su trámite de Registro Vehícular, Registro Público o Registro Civil y que este se haga sin retraso alguno y cumpliendo con toda la legalidad que se requiere, será cuando se revierta, la insipiente molestia ciudadana.

Ya veremos qué pasa, pues a partir del 1 de enero de 2016 entra en vigor esta reforma, que sin sobresaltos pasó por toda la tramitología, incluyendo a la propia oposición política, que dicho sea de paso, también desea participar con sus decisiones y posturas, para que en Baja California Sur, se viva mejor y se tenga, ese mejor futuro que se promete.