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Pirotecnia Política: Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. (Mahatma Gandhi)

La decisión de presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre un decreto emitido por el Presidente de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, relacionado al otorgamiento de estímulos fiscales, deja claramente establecida la intención del Gobernador del Estado CARLOS MENDOZA DAVIS, en el sentido de buscar beneficios que mejoren las condiciones económicas y sociales de esta región, que provoquen el desarrollo y eleven indicadores de competitividad, limitados –ahora- por las circunstancias propias del nuevo régimen fiscal y por la condición insular de la Entidad, que se vuelve un argumento de mucho peso específico.

El llevar este asunto hasta las últimas instancias y con las consecuencias positivas o negativas, si es que las hay, es una determinación que llama poderosamente la atención de los interesados y  potenciales beneficiados, que serían todos quienes viven y realizan actividades económico-productivas en Baja California Sur.

El atrevimiento de solicitar que a Sudcalifornia se le incluya en la miscelánea fiscal 2019, es decir, dentro de los beneficios decretados por el Presidente de México para la franja fronteriza en el norte del País con fecha 31 de Diciembre de 2018, no es un asunto menor, tampoco es una ocurrencia, incluso no es algo nuevo; se toma este recurso, ya que por otras vías, simplemente se ignoró y faltó voluntad para formalizarlo.

Resolver por la vía legal, un tema que en su momento fue solicitado por la vía institucional, sin duda tendrá efectos en lo político; convencido de que hay razón y argumentos para lograr el objetivo, el Ejecutivo Estatal está en su lucha, a la que por cierto deberían sumarse todos los ciudadanos, incluidos legisladores federales, locales, cámaras empresariales entre otros, porque de lograrse, los beneficios serian para todos quienes aquí viven y realizan actividades productivas.

El recurso de reclamación diseñado por el Gobernador CARLOS MENDOZA DAVIS, está recibiendo respaldos importantes, pero sin duda algo significativo, aparte del que se pudiera generar por los ciudadanos, sería una resolución favorable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyas manos está ahora esta situación sumamente transcendental para consolidar la condición económica positiva de Baja California Sur,  que es ya, referente nacional.

La decisión del Gobierno de México de dejar fuera a Baja California Sur, le obligó a buscar la justicia legal, que no le brindó la política.

Los estímulos fiscales decretados por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, considerados en este programa generoso que busca equiparar las condiciones económicas de los trabajadores y de las empresas asentadas en la franja fronteriza norte, elevando la inversión que genere empleos  y la competitividad con relación a quienes realizan estas mismas actividades en la zona sur de los Estados Unidos de Norteamérica, se darán básicamente en los 43 municipios de la Zona Libre en la Frontera Norte, que consiste en una reducción del IVA de 16 al 8 por ciento y del ISR del 30 al 20 por ciento, además de bajar el precio de los combustibles y elevar al doble el salario mínimo.

Imaginemos esos beneficios para los cinco municipios de Baja California Sur; los que tienen la información, seguramente saben del impacto positivo y el fortalecimiento que obtendrían con una resolución que se está demandando ante la Suprema Corte de Justicia por el Gobernador CARLOS MENDOZA DAVIS.

Curiosamente ningún Senador de la Republica o Diputado Federal por Baja California Sur, ajeno al Partido Acción Nacional, se ha pronunciado al respecto; tampoco lo han realizado en el Congreso del Estado, menos los partidos políticos,  solo el sector empresarial se ha mostrado solidario, vamos, ni las centrales obreras (por aquello de que según representan a los trabajadores) lo han hecho por el temor a perder los acuerdos electorales que ya traen con los principales actores del Movimiento de Regeneración Nacional.

Si la controversia constitucional trazada por el Gobernador CARLOS MENDOZA DAVIS, logra un resultado favorable, los beneficios serian directos y nadie le regateará absolutamente nada; el potencial logro, al enarbolar esta bandera que busca justicia social y económica para Baja California Sur, con base en estímulos fiscales que mejoren las condiciones generales, será en todo caso un factor determinante en los procesos que están por venir. Si la política no lo dio, quizás se logre por la vía legal. Ya veremos.

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