Todo igual

El secretario de Educación Pública ha dicho que lo que se vive en la Casa del Estudiante es un asunto que ha rebasado a las autoridades, en el que estudiantes de bajos promedios y que reprueban materias, pero las autoridades no dicen nada del destino de los recursos económicos asignados para el inmueble.

 

Por Alejandro Barañano

 

A unos días de que de inicio otro ciclo escolar, sigue vigente un asunto que está tensando la relación de la sociedad sudcaliforniana con el gobierno estatal involucra a la Secretaría de Educación Pública, cuyo accionar conjunto pudo el año pasado llevar a cabo la demolición de una de las primarias más antiguas del puerto de La Paz, que estuviera erigida en el corazón del centro histórico a unos pasos del kiosco del malecón, en una de las zonas de mayor plusvalía del centro; que ahora incrementará su valor con el nuevo remozamiento que las autoridades planean para el malecón de la ciudad, pues aspiran a tener uno de clase mundial, según ellos.

Pero ahora resulta que se da a conocer un plan por parte de las autoridades donde se maneja la especie de la creación de playas artificiales para ganarle terreno al mar. Ni más ni menos que la creación de playas en la entidad federativa con mayor litoral del país, con el propósito de que el ciudadano común y todo turista tenga acceso a éstas; cuando gran parte de la zona costera ha sido entregada por diversas autoridades, municipales y estatales, a particulares.

Y aunque se destruyó la primaria 18 de Marzo, en el mismo frente educativo que las autoridades han abierto contra la sociedad, el gobierno no ha podido clausurar la Casa del Estudiante Sudcaliforniano con sede en la Ciudad de México, pero se empeña en ello. Así lo ha reiterado en abril de este año el secretario de Educación Pública estatal, Héctor Jiménez Márquez, quien asevera que el inmueble es inseguro a pesar del dictamen de Protección Civil de la Ciudad de México solicitado por la administración del gobernador anterior Marcos Covarrubias Villaseñor, en el que sólo se advierten recomendaciones de corrección y prevención; mismas que los integrantes de la Casa del Estudiante Sudcaliforniano solicitaron a la administración de Covarrubias Villaseñor y han requerido a la actual de Carlos Mendoza Davis, sin obtener respuestas positivas en ambos casos.

Pero como el dictamen de las autoridades de la capital del país no le pareció acertado al gobierno del Estado ni a la SEP, el año pasado solicitaron la intervención de una empresa particular, con cuyo veredicto sobre el edificio curiosamente sí estuvieron de acuerdo.

Ante ello las autoridades correspondientes de la Ciudad de México emitieron un nuevo dictamen en el que ratificaron la viabilidad de mantener el inmueble, mismo que fue enviado al gobernador Mendoza Davis.

Héctor Jiménez Márquez también dice que el costeo anual del albergue estudiantil de dos y medio millones de pesos no es viable para el gobierno estatal, cuando en el nuevo proyecto de remodelación del malecón se habla de cientos de millones de pesos. Habrá que descifrar cuáles son la prioridades de las autoridades para con la sociedad y sociedades económicas.

El paseo de conductores y viandantes parece ser una obsesión de cada administración estatal, pues a todas les ataca el síndrome de su remodelación; y los hace olvidarse de que en el estado hay colonias sin pavimento, sin servicios básicos, escuelas con piso de tierra y muchas necesidades más. Y en tanto derrumban escuelas e intentan clausurar espacios académicos a los políticos les parece que la creación de playas artificiales en la entidad con más línea costera del país es la panacea.

El ex taquero de Cuajimalpa ahora embestifo a la sazón de secretario de Educación Pública, también ha dicho que lo que se vive en la Casa del Estudiante es un asunto que ha rebasado a las autoridades, en el que estudiantes de bajos promedios y que reprueban materias –una especie de vividores que habitan la casa por años beneficiándose de los alimentos, así entiendo que él los define– han tomado control de ésta, mientras ellos –las autoridades– no saben el destino de los recursos económicos asignados para el inmueble.

¿Entonces qué esperanzas puede tener la sociedad sudcaliforniana de que las autoridades pongan orden en la entidad en cuanto a violencia, corrupción y despojo, cuando no pueden atender las necesidades de una casa, darle mantenimiento preventivo y correctivo y transparentar los recursos destinados a ésta? Triste el panorama político y social para los sudcalifornianos, aunque bueno, “gozaremos” de las playas más artificiales del planeta. Por lo pronto quien esto escribe seguirá Balconeando. . .