Sistema Estatal Anticorrupción

Comité de Participación Ciudadana

Fiscal Anticorrupción

 

El decreto que crea el Sistema Estatal Anticorrupción se dio el 10 de abril de 2017, y fue el número 2432. Según este documento, a los sesenta días hábiles después de haber entrado en vigor, el Congreso del Estado deberá –o debería- nombrar los integrantes de la Comisión de Selección, y ésta –la Comisión- haber nombrado los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. El 3 de julio se cumplieron los 60 días hábiles para que el Congreso nombrara la Comisión de Selección, para que ésta a su vez, nombrara el Comité de Participación Ciudadana. No tengo información o noticia de que el Congreso del Estado haya cumplido con este requerimiento oficial del decreto 2432.

Si es así, empezamos muy mal con una decisión oficial que debe ser acatada ya que es un decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es la jurisprudencia que norma la vida institucional y social de la comunidad del Estado. Si el Congreso ya nombró la comisión y ésta ya nombró al comité de participación ciudadana, me extrañará entonces que no hayan “echado a vuelo sus campanas.”

El Sistema Estatal Anticorrupción es un mandato jurídico de observancia obligatoria que debería normar la conducta de los servidores públicos para que acataran los postulados que pretenden erradicar en gran medida el cáncer de la corrupción y la impunidad, cáncer que nos ha llevado, en la nación y en el estado, a desconfiar profundamente de la conducta de los funcionarios. Si en este momento el Congreso del Estado no ha cumplido con el mandamiento del decreto que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, “mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes.” Y más mal si se trata de una ley que pretende frenar la corrupción estatal. ¿Cómo creer si el Congreso es omiso en dar cumplimiento al decreto?

Y ya lo he comentado infinidad de veces: estamos hartos de leyes y decretos, pero ante la ley del sistema anticorrupción nos dará más argumentos para luchar contra los desmanes de funcionarios; quisiéramos que al final de los trienios y sexenio no nos lamentáramos de los nuevos ricos que se robaron el dinero público, dinero que originalmente es del pueblo. Todos sabemos, en la práctica, que la contraloría estatal y las municipales –cuando hay- no sirven de nada; nunca han frenado la corrupción y son tapadera del ejecutivo. Y en la reciente ley creada –anticorrupción- la contralora forma parte del Comité Coordinador. Hay muchos enunciados y una estructura general: Comisión de Selección; Comisión Ejecutiva; Comité Coordinador; Comité de Participación Ciudadana; Órganos de Control; Secretaría Ejecutiva; Secretario Técnico; Sistema de Fiscalización, etc. Es una estructura bien diseñada, pero… “tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, para la prevención, detención y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia. (artículo 6)

Entre las respectivas facultades de los distintos organismos del sistema se especifica la forma de cómo nombrar a los integrantes: por ejemplo se dice cómo nombrar a la Comisión de Selección y ésta, qué pasos seguir para nombrar al Comité de Participación Ciudadana, en el que, se supone, participará –o participó-la ciudadanía. En la práctica todo esto es letra muerta porque “los cerebros” ya tienen formado el cuadro antes de…

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana es un ente de una participación destacadísima ya que es el que preside el Comité Coordinador. Mi correo: [email protected]

PASEMOS EL RUBICÓN: Casi tengo la certeza que no han nombrado la comisión de selección y mucho menos el comité de participación ciudadana. Si ya lo hubiesen nombrado los medios de comunicación y la televisión ya nos tuvieran locos con tanta información… y si no han cumplido con el decreto, ¡qué se puede esperar! Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes.

Me causó mucha extrañeza que el famoso decreto que crea el Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, no contemple en su articulado el nombramiento del fiscal anticorrupción, que para muchos será la piedra angular sobre la que girará el funcionamiento de la famosa ley. El decreto no toca el tema mucho menos los pasos que se darán para su nombramiento. Dice el Secretario General Álvaro de la Peña, que debe ser una persona apartidista, conocedor de la materia, honesto, desligado de los partidos políticos. No nada más eso: debe ser un ciudadano(a) con una vida intachable pública y privada, enemigo jurado de la corrupción y la impunidad, que no tenga parentesco ni familiar ni político con el gobernador y su gabinete, que no sea un lame suelas como muchos de los que andan tomándose la foto con el ejecutivo cuando se toca el tema del sistema anticorrupción.

No me explico por qué no aparece tal figura del fiscal en la aprobada Ley Estatal Anticorrupción. Si no han nombrado lo que por la ley están obligados, ¿cuándo tendremos al fiscal anticorrupción? Alea Jacta Est.- 25-07-17.- Miembro de ESAC.-