Libertad de expresión y periodismo en Baja California Sur (Segunda y última)

Agradecimiento al doctor Rubén Sandoval

Se ha legalizado la mentira como verdad de estado. El caso más patético es el ejercicio que realiza el Instituto Estatal de Radio y Televisión, que en forma por demás servil ha transformado al gobernador en dador de gracia y celestialidad.

El doctor Ignacio Burgoa, célebre tratadista del Derecho señala: “la libre manifestación de las ideas, pensamientos y opiniones constituyen uno de los factores indispensables para el progreso cultural y social.”

De tal afirmación concluimos entonces que el progreso cultural y social estará vedado para los habitantes de la entidad mientras el poder del estado siga manipulando casi toda la información. Lo que afirmo categóricamente es que el control estatal de casi todos los medios escritos, electrónicos y digitales, así como la corrupción y los corruptos, atacan la moral pública de la sociedad y el orden público. Y lo vuelvo a repetir. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, señala que la utilización del poder del Estado para atentar contra la libertad de expresión debe estar expresamente prohibido por la ley, en Baja California Sur, por lo que aquí relato, se debe legislar sobre la relación del estado con los medios y los comunicadores sociales para salvar en parte la grave crisis y la anarquía. Debe agregarse un capítulo en la Constitución Estatal que expresamente determine esta relación.

En primera instancia se deberá obligar a las firmas editoriales –todas- a presentar la relación de sus trabajadores “de adentro” (secretarias, empleados, capturistas, choferes, distribuidores, etc.) con sus sueldos y su inclusión en el Seguro Social. Otra relación que contemple a los reporteros, articulistas, fotógrafos, corrector de estilo, comentaristas políticos, etc. con sus sueldos y su inclusión en la seguridad asistencial. Lo mismo para los medios electrónicos de radio, televisión e internet. El único facultado para establecer convenios con las autoridades y la iniciativa privada, serán los dueños o representantes de la empresa. En estos convenios estarán contemplados los sueldos de los comunicadores sociales y los que expresamente convengan para otros trabajadores. Los convenios suscritos con las firmas editoriales gozarán de plena transparencia pública. Las listas oprobiosas de los chayotes dejarían de existir ya que es vergonzoso (¿o no hay vergüenza?) cuando entra un gobierno distinto y festinan la lista de los chayoteros. En el mismo cuerpo del capítulo se legislará sobre el respeto a la vida privada de toda la ciudadanía.

Es decir, todo aquel que ejerza el periodismo en cualquier modalidad deberá tener su PATRÓN, y éste será el periódico escrito, digital, radio y TV, pero ningún periodista o “colaborador” entrará en la “modalidad” de los CONVENIOS. Sería entonces responsabilidad del Estado “no convenir” con ningún comunicador en lo particular.

Esta práctica obligaría a periódicos, revistas, radio y tv, y digitales a seleccionar su personal, principalmente a los colaboradores que en la era digital actual se reproducen como plaga; muchos somos los que colaboramos sin tener una relación directa con el medio en el que escribimos. ¡Vaya! Ni un café nos invitan, cuando menos a mí.

Por lo expuesto en esta participación, me permito presentar las siguientes:

                             CONCLUSIONES:

 1.- Decir la verdad como periodista es un ejercicio que nace como exigencia de principios éticos, no legales pues legalizar la verdad se convertiría en verdad de Estado.

2.- Sin el ejercicio de la libertad de expresión, el ser humano está condenado a la opresión.

3.- Generalmente la libertad de expresión es la que interpreta el Estado.

4.- El gobierno de la entidad siempre ha ejercido control en casi todos los medios electrónicos y escritos.

5.- La libertad de expresión, como todas las libertades, no es un derecho absoluto ni ilimitado.

6.- El jurista dejó “una enorme laguna” sobre los límites de la libertad de expresión y el derecho a la información ya que señala como limitantes la moral, el orden público y la reserva de información. La moral y el orden público son conceptos muy volátiles máxime cuando son medidos por el Estado, así como el derecho a reservar información pública.

7.- Los preceptos enmarcados en el artículo 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, -“La utilización del poder del estado y los recursos de la Hacienda Pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminada de publicidad oficial y créditos oficiales, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidas por la ley-” y ser acatados por el gobierno federal, los estatales y los municipales.

8.- Este artículo de la Declaración de Principios sobre la libertad de expresión (Art.13) es letra muerta para el gobierno de BCS, ya que el dinero público y la asignación arbitraria y discriminada de publicidad oficial y de “convenios” a diestra y siniestra para premiar a los que alaban al gobernante y sus acciones, es la práctica que ha envilecido el ejercicio del periodismo masacrando la libertad de expresión y el repudio contra los comunicadores.

9.- México está desacreditado ante los organismos internacionales en el ejercicio de la libertad de expresión.

10.- El control del Estado sobre la libertad de expresión, la corrupción y los corruptos atentan contra la moral pública y el progreso cultural y social.

11.- La libertad de expresión y el periodismo en nuestra entidad se acurrucan a la sombra del partido político en el poder.

12.- En B.C.S. la moral pública y la paz social giran sobre la verdad de estado. Primero la ejerció el PRI, luego el PRD y ahora la ejerce el PAN.

13.- La Dirección de Comunicación Social del estado, “entrega convenios a diestra y siniestra” para que la imagen del gobernante se enmarque en el contexto casi celestial.

14.- El caso más patético es el ejercicio que realiza el Instituto Estatal de Radio y Televisión, pisoteando la ética y la libertad de expresión, contribuyendo a la deformación cultural y social, olvidando que el Instituto pertenece a la sociedad y no al gobernador.

15.- Con la política de comunicación social el gobierno ha limitado peligrosamente el ejercicio libre de la libertad de expresión.

16.- En Baja California Sur debe agregarse a la Constitución un capítulo que regule las relaciones del estado con los medios.

17.- Los periódicos, revistas, la radio, la televisión y los medios por internet, deben estar obligados a presentar a la instancia correspondiente, la nómina de sus trabajadores enunciando su oficio o trabajo. En renglón especial el nombre de: los reporteros, articulistas, revisores y correctores, comentaristas políticos, etc. y su inclusión en el Seguro Social.

18.- La prohibición a los comunicadores sociales y demás trabajadores de la empresa, a solicitar convenios individuales en la esfera de la vida administrativa, política y social del estado y los ayuntamientos.

19.- Los únicos facultados a suscribir convenios con las instancias serían los dueños o representantes autorizados de la firma editorial. En ellos se contemplarían los sueldos de los comunicadores y el personal que acuerden, pero la relación laboral sería empresa-comunicador.

20.-  Las empresas editoriales, radio y televisión estarán obligados a transparentar públicamente los convenios suscritos, ya que es dinero del pueblo y no del gobernador o alcalde.

21.- El estado garantizará el respeto a la libertad de expresión y la vida privada de los ciudadanos sea cual sea su trabajo o profesión.

Hasta aquí mi disertación en la Alianza Francesa.

PASEMOS EL RUBICÓN: Si se legisla sobre las relaciones del gobierno estatal con los medios escritos y electrónicos todos saldrían ganando ya que las firmas editoriales serían las únicas facultadas para acordar convenios con el gobierno contemplando en ellos los sueldos quincenales de los comunicadores sociales y demás trabajadores. Convenios que contemplarían publicidad, información oficial, etc. etc. Los comunicadores sociales saldrían altamente beneficiados ya que tendrían un salario seguro y justo así como prestaciones médicas y seguro profesional. Las firmas editoriales seleccionarían cuidadosamente sus comunicadores sociales y analistas políticos para eficientar la productividad y el servicio a la comunidad. Se terminaría con la anarquía y el balconeo a la vida privada, la difamación y “el esconderse de los periodistas” para no darles mochada.

Estoy convencido de que alguna estrategia se debe implementar para que los comunicadores logren relaciones laborales con la empresa, derivadas de la relación gobierno-empresa ya que el dinero de los convenios sale del dinero del pueblo, dinero que hasta hoy está muy mal utilizado. Ya es tiempo de terminar con el desprestigio del periodismo. Llegó la hora de los profesionales de la información. Llegó la hora de que se “acaben las colas” en las oficinas de diputados y funcionarios y en la sala del Congreso.

De nada sirve que se diga que se es licenciado en comunicación, con muchos grados académicos si al fin y al cabo se vive del chayote. De nada sirve la fiesta que les hace el gobernador el día de la libertad de expresión, premios estatales de periodismo, si el chayote y la verdad de estado siguen prevaleciendo.

 Mi correo: [email protected] Alea Jacta Est. – 16-05-17.- Miembro de ESAC.-