Investigación en proceso

La Auditoría Superior de la Federación radicó doce denuncias por peculado en contra de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, ello por simular devoluciones de fondos federales y que ahora son exigidos por la Federación. . .

Por Alejandro Barañano

La suerte parece que está echada para Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, el mismo que fuera gobernador por un cuatrienio de Baja California Sur, pues ahora enfrenta denuncias penales por presuntos desvíos por más de 127 millones de pesos en fondos federales durante el período de su gestión.

Las indagatorias sobre el caso iniciaron desde el año de 2014, ello cuando en respuesta a una solicitud de información con folio 0001700255016 hecha por un ciudadano =que por razones obvias omite su nombre= la Procuraduría General de la República negó copia del expediente de la denuncia que por peculado interpuso la Auditoría Superior de la Federación en contra del ex gobernador sudcaliforniano nativo de Ayutla, Jalisco.

En el oficio de la Procuraduría General de la República se destaca que la manifestación de reserva fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Procuraduría General de la República, el cual en su Vigésima Primera Sesión Ordinaria del año en curso determinó confirmar la reserva.

Sin embargo, la negativa de la misma Procuraduría General de la República a entregar en su momento una versión pública del expediente, sólo confirmó que la denuncia existía y que la investigación estaba en curso.

Como ahora se sabe que la Auditoría Superior de la Federación radicó el 22 de junio del año pasado doce denuncias por peculado en contra de Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, esto por simular devoluciones de fondos federales y que hoy son exigidos por la Federación luego de encontrar inconsistencias en el manejo financiero estatal de programas de salud y educación.

Este mecanismo de simulación consistió en depositar el dinero a una cuenta y notificar de ello a la autoridad. Sin embargo una vez que la Auditoría Superior de la Federación daba por solventado el señalamiento se retiraban los fondos y se les daba un destino desconocido.

Estas irregularidades se dieron entre los años 2011 y 2013, fechas que han sido confirmadas de acuerdo con la querella presentada ante la Procuraduría General de la República por el ente fiscalizador del Poder Legislativo.

Pero hoy en día el panorama se le complica aún más a Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, pues se supo a través del oficio USIT/DTAIPD/939/2017 emitido por la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de la Auditoría Superior de la Federación, que el 2 de septiembre del año pasado entregó al Ministerio Público Federal una denuncia adicional por el desvío de 25 millones 915 mil 980 pesos a los ya antes contemplados, a la cual se le asignó la averiguación previa FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001695/2016.

Ante esto, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Procuraduría General de la  República dos nuevas denuncias penales en contra la administración del ex gobernador oriundo de Jalisco pero gobernante de Baja California Sur, ello por el desvío de recursos que suman un total de 120 millones 653 mil 607 pesos de la cuenta pública del año de 2014.

En el escrito la misma Auditoría Superior de la Federación se abstiene de calificar el tipo de delito en que incurrió el ex mandatario, ya que señala que sus atribuciones son solo la presentación de las denuncias penales que deriven de las irregularidades detectadas en la fiscalización de la Cuenta Pública.

También quedó al descubierto que el primero de marzo del año en curso se presentó otra denuncia adicional, pero ahora por 94 millones 737 mil 627 pesos, la cual tiene pendiente hasta hoy el número de averiguación previa.

Y es que todo esto ya se venía venir, no debe ser ninguna novedad para nadie, pues Marcos Covarrubias siempre fue proclive a proteger e integrar en su gabinete a tipos acusados de corrupción por asignar ilícitamente casi 500 millones de pesos en obras a una empresa fantasma, cuando en su momento estuvieron como directores en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad, y hablamos de los tristemente célebres José Antonio Ramírez Gómez y Carlos Lazcurain Ochoa.

Al primero de ellos lo convertido por obra y gracias de su santa voluntad en secretario de Finanzas, y al segundo en secretario Técnico, y así los arropó y cubrió para no ser tocados ante la investigación que desde el 28 de febrero del 2011 inició el Órgano de Control Interno de la SCT, esto bajo el número de expediente DE/021/2011, originado después de que algunas compañías constructoras presentaran una denuncia por la asignación ilegal de contratos a una empresa fantasma, registrada y dirigida por el entonces subdirector administrativo de la institución federal, Samuel Araiza Vázquez, y quien en un corto tiempo se enriqueció de manera ilícita e impune a través de la compañía denominada “Camulocopa BCS, SA de CV”.

Por eso fue que se señaló al inicio de este espacio que al parecer la suerte está echada para Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, el mismo que fuera gobernador por un cuatrienio de Baja California Sur, pues ahora enfrenta serias denuncias penales por presuntos desvíos por más de 127 millones de pesos en fondos federales durante el período de su gestión.

¿Realmente exigirán rinda cuentas claras el nativo de Ayutla, Jalisco? ¿Y si la Federación encontró inconsistencias en el manejo financiero estatal en los programas de educación, y Héctor Jiménez Márquez fue quien estuvo al frente de la SEP con Covarrubias Villaseñor y lo sigue siendo con Mendoza Davis, será llamado para que explique a donde fueron a parar esos millones de pesos desviados? La verdad que no lo sé, y mientras algo sucede con ello quien esto escribe mejor seguirá Balconeando. .