BalconeandoEn Opinion de...

BALCONEANDO / ¡NI CHANA NI JUANA!

Por Alejandro Barañano

 

A raíz de la entrega pasada se soltaron una serie de comentarios que hicieron sentirme contento de trabajar en este oficio que tanto me apasiona, pues una hilera de acusaciones se me vinieron encima por la opinión emitida con respecto a las “recomendaciones” que hizo la Auditoria Superior de la Federación al gobierno de Baja California Sur, esto en cuanto a participaciones federales se refiere.

Lo que me gustó fue que las críticas iban más o menos divididas por mitad, pues hace unas semanas me acusaban los de MORENA de estar parcializado a los intereses del gobierno en turno, y desde el lunes pasado algunos azules aseguraron que hice propaganda en favor de los del Movimiento de Regeneración Nacional.

Pero no fui el único en notarlo, pues un amable lector “posteó” un comentario diciendo que “algo tienes que estar haciendo bien cuando ambos bandos te atacan por igual”.

Y por ello retomo el tema, ya que en el Congreso del Estado están a punto de llevar a su análisis las 2 mil recomendaciones que a la fecha no han sido atendidas, ello cuando Baja California Sur recibió 4 mil 440 millones 530 mil 100 pesos en el año 2016, de los cuales fueron auditados mil 620 millones 866 mil 900 pesos y se determinaron recuperaciones probables por 224 millones 837 mil 200 pesos, los cuales corresponden principalmente a pagos de plazas del magisterio no autorizadas.

Por otro lado, de los 124 millones de pesos supuestamente destinados a partidas como energía eléctrica, arrendamiento de edificios, asesorías, servicios de consultoría y gastos de difusión, el gobierno no pudo comprobar el gasto de 62 millones 330 mil 409 pesos, incluido el Impuesto Sobre la Renta por el pago de estos servicios; esto mientras que el daño más severo en el fondo de participaciones federales fue cuando se encontró el monto de 146 millones 84 mil 390 pesos que fueron utilizados para pagos en nómina a 519 plazas que no fueron autorizadas, y de otras 530 plazas que excedieron a las autorizadas.

De igual forma la Auditoría Superior de la Federación descubrió otro desvío de 10 millones 117 mil 783 pesos en dinero que debió de utilizarse para las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y en retenciones de nóminas; mientras que por concepto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Gobierno del Estado recibió 163 millones 102 mil 900 pesos, de los cuales la dependencia federal revisó una muestra del 91.2 por ciento.

En este caso, el órgano fiscalizador –o sea la Auditoria Superior de la Federación- detectó recuperaciones probables por el orden de los 68 millones 155 mil 100 pesos, y un subejercicio por otros  38 millones 527 mil 800 pesos.

Además la Auditoría Superior de la Federación detectó un daño presupuestario por 5 millones 146 mil 210 pesos que el gobierno dijo destinar a la adquisición de vestuario y uniformes para personal de seguridad, pero que no pudo comprobar su aplicación.

Lo mismo ocurrió con otros 14 millones 516 mil 100 pesos para la compra de vehículos y equipo terrestre; esto además de que el parque vehicular fue adquirido con los recursos de este fondo en 2016, “y no contaban con placas de circulación y no se habían elaborado los contratos de comodato con los municipios”, explica el dictamen que obra en nuestro poder.

Otros gastos que no pudieron ser comprobados fueron 5 millones 650 mil en muebles de oficina y estantería; 3 millones 3 mil 249 pesos en equipo técnico y tecnologías de la información; un millón 646 mil pesos en la adquisición de dos vehículos, así como un millón y medio de pesos más en la construcción de la Sala de Juicios Orales.

Las irregularidades siguieron, pues no se pudo comprobar tampoco gastos por el orden de los 2 millones 346 mil 200 pesos en uniformes para los custodios, mientras que otros 2 millones 754 mil 143 pesos supuestamente invertidos en productos químicos, equipo médico y de laboratorio para ciencias forenses que tampoco pudieron ser comprobados.

En cierto modo, y en un tema tan polarizado como este, he llegado a la conclusión de que hay que quedar mal con muchos para buscar que te sigan creyendo, pero quiero dejar en claro que en lo personal no estoy ni con Chana ni con Juana, simplemente intento hacer periodismo objetivo y sustentado; por lo que mejor quien esto escribe seguirá BALCONEANDO. . .

 

COMO EN BOTICA

Sabido es que el INSTITUTO DE SEGUIRDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en Baja California Sur está sin pies ni cabeza; luego entonces porque no voltean a ver a quienes tienen ímpetu y poseen los conocimientos necesarios para hacer bien las cosas. . . Lo digo porque dialogué con el galeno LUIS BERBER SALCEDO, quien me aseguró que debe ser una  priorizar la atención esmerada a los derechohabientes y garantizar un ejercicio efectivo de sus derechos sociales, pero que para lograrlo es necesario fortalecer la gestión financiera del instituto mediante el reordenamiento de procesos, racionalización y optimización del ejercicio de los recursos públicos, siempre sujeto a la evaluación del desempeño, la transparencia y la rendición de cuentas. . . Esto además de diseñar y ejecutar una estrategia viable e integral que permita optimizar el uso, conservación, aprovechamiento y destino final del patrimonio inmobiliario del instituto, así como la calidad de los servicios enfocándonos en la prevención y atención primaria para reducir la morbilidad y mortalidad materno-infantil mediante la educación, promoción y fomento a la salud. . . Señores, volteen a donde hay y no ha donde quieren encontrar. . . ¡HE DICHO!