Arturo Meza Osuna

Mendoza, Talante autoritario

Y vaya si  trae Mendoza Davis el puñal desenfundado, antes que se cumplan los esotéricos “cien días” de gobierno ya ha enseñado un talante autoritario que no aparentaba, desde luego, fundamentado en su apoyo mayoritario del congreso, es decir, dentro de los límites de la democracia. Que no le gusta, que no le sirve la ley para seleccionar procurador general del Estado, la cambia; que el ayuntamiento priista de Estela Ponce fue una verdadera rebatinga de maleantes, pues a cuidar los dineros municipales por papá estado. La llamada ley Mendoza que transfiere los productos de Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y del Comercio y el Registro Público Vehícular, a la potestad del Estado, ya se presentó, se discutió –aparentemente- en el congreso y ya se aprobó.

Hace unos días, en entrevista banquetera- alguien osó preguntarle al gobernador Mendoza algún punto confuso de la ley, en lugar de aclarar el asunto, el gober, ni tardo ni perezoso nos mandó a leer la ley para que no andemos preguntando. A estas alturas la ley ya ha sido aprobada cómodamente con uno que otro pataleo de la mínima oposición con muchísimos puntos que no quedan muy claros, aun cuando la ley, se supone que es pública y publicada. Sin embargo, cuando el ciudadano quiere leer la ley de marras y se dirige a la web del Congreso –el honorable, digo- pues resulta que no hay ninguna ley, que las actividades de esta web se pararon desde septiembre y al parecer no hay nadie que suba al ciberespacio los documentos que genera el H –y reputahache- Congreso Sudcaliforniano

Parece ser que las bondades promovidas por la Ley Mendoza tienen que ver con los recursos que aporta la federación, que tales recursos si se manejan por el municipio, no se computan en las participaciones federales, por eso, entre más abultado el cobro de derechos por el Estado, mayores serán –ergo- los dineros que la federación envía a los sudcas. Sin embargo, es claro que la Ley Mendoza –aun sin leerla en su totalidad con puntos y comas- atenta contra la autonomía del municipio, la entidad que mayor contacto tiene con el ciudadano en materia de servicios. Tampoco está muy claro –al decir de los expertos- como es que el Estado regresará a los municipios los recursos para operar, por ejemplo, el alumbrado público, la recolección de basura, la expedición de agua potable, bacheo y pavimentación, parques y jardines, ya no digamos los servicios en materia cultural como el cuidado y mantenimiento de los recintos como la Casa  de la Cultura o el Centro Cultural, por poner un ejemplo.

Si en el plano económico las cosas se tuercen con la Ley Mendoza –aun bien leída- en materia política las cosas son más claras como subjetivas porque aquí y en cualquier latitud, el del dinero manda. Es clara la preeminencia que tendrá una instancia de gobierno sobre la otra. Muchas veces hemos acudido a las animadversiones de gobernadores sobre alcaldes, de los más sonados han sido aquel pleito monumental entre Liceaga y el Chato Covarrubias, pugnas en las cuales los gobernadores retienen participaciones a los ayuntamientos solo porque están gobernados por la oposición o por alcaldes con quienes se tienen diferencias personales, asuntos en los cuales, el que paga el pato es el municipio. Si antes, ya existía el poder del dinero del gobernador sobre el alcalde, las cosas ahora serán peor.

Leía una entrevista con un experto, Rigoberto Arce Martínez, cachanía, avecindado desde hace  muchos años en Los Cabos, exfuncionario en finanzas municipales quien propone una discusión amplia de La Ley Mendoza, que fueran los medios de comunicación, los Colegios de Profesionistas, Cámaras Empresariales, Asociaciones Civiles, Partidos Políticos y Sociedad Civil quienes participen con su análisis y evaluación (El Peninsular 23 de noviembre) después de hacer algunas acotaciones respecto de la pérdida de soberanía del municipio, refiere que tampoco se establecen mecanismos específicos para regresar los dineros a los municipios, ni tiempos, ni porcentajes etc. Lo que Arce Martínez llama “asalto” a las finanzas de los municipio, se llevará a cabo porque el congreso ya ha mayoriteado la iniciativa del gobernador.

Ni  tiempo dieron de leer la llamada Ley Mendoza. El gober instó a sus diputados para que la ley se aprobara antes del inicio del próximo año y ahí la tienen a los pies de Carlos Mendoza que hasta ahora se ha impuesto con sus iniciativas por más autoritarias que estas parezcan. Son tiempo para digerirla, para que pasara a discusión de una sociedad afectada, los diputados –los menos interesados en leer la ley porque su función solo era levantar la mano para aprobarla-  no le agregaron ni quitaron algún punto, alguna coma. Así como se las envió Mendoza Davis, así la aprobaron y parece que será la tónica de esta legislación donde ni la oposición enseñó algo de creatividad, alguna resistencia digna de apuntar.

Tales acciones son quizás, las más notorias en estos cien días de gobierno, un talante autoritario para lo que no se requiere el uso de la política, solo su real voluntad, que esperemos, en lo sucesivo, tenga ciertos límites.